El conflicto del campo con el Intendente llegó a los medios nacionales “La casta”: productores lograron frenar un nuevo impuesto y dieron un portazo en un municipio

En Necochea, provincia de Buenos Aires, el intendente Arturo Rojas buscaba aprobar hoy una ordenanza para subir la tasa vial rural de $5000 a unos $12.000 por hectárea, pero no consiguió el aval en el Concejo Deliberante; las entidades del agro se retiraron de un ente

El conflicto de los productores rurales con el Intendente Rojas, llegó a los medios nacionales donde lo tildan de «casta». El diario La Nación, realizó un extenso y pormenorizado informe, donde se expone la situación que tuvo en vilo durante todo el fin de semana a los productoes agropecuarios de todo el distrito.

Además de presentar el informe, se publicaron varias fotos mostrando el estado de la maquinaria vial y de los vehículos de la Municipalidad.

Los productores agropecuarios de Necochea, en la provincia de Buenos Aires, lograron frenar una fuerte suba de la tasa vial rural que buscaba implementar el intendente local, Arturo Rojas (Nueva Necochea). En el proyecto de ordenanza municipal que se trató este lunes en el Concejo Deliberante se proponía una actualización del 140% que se aplicó en diciembre pasado por el índice UVA [Unidad de Valor Adquisitivo], más una nueva tasa del 35% para la compra de maquinaria. El gravamen pasaba de $5000 por hectárea a superar los $10.000 o $12.000, según sean las actualizaciones. No logró avanzar ya que no consiguió el aval suficiente en el cuerpo legislativo local.

En diciembre tuvimos un aumento de la tasa vial del 140%; quedó en alrededor de $5000 por hectárea. Hace 10 años habíamos logrado hacer un ente vial donde manejamos el presupuesto -estaba también integrado por productores-, cediendo una parte en rentas generales y nada para nosotros; ahora la situación es distinta”, relató Patricio Bosch, presidente de la Sociedad Rural local. El proyecto de ley volvió a comisión ante la falta de votos afirmativos.

La preocupación de los productores se reflejó luego de una reunión de este fin de semana de la Comisión Fiscal Impositiva local donde se determinaron los aumentos y actualizaciones de la tasa vial rural. Por eso, los productores que integraban el Ente Vial, hoy a cargo de Sergio Giorello, decidieron dar un paso al costado del Ente.

A través de un comunicado informaron a sus pares de la decisión; además, en una solicitada le pidieron a los concejales que los representen. “De ser necesario recurriremos a la Justicia”, advirtieron. “Motiva esta decisión el falso uso del Ente por parte del ejecutivo municipal, hasta el punto de falsear el objeto para el cual fue creado”, señalaron en el documento.

Durante el primer mandato de Rojas [2019-2023] a los productores les pidieron que con el presupuesto del Ente Vial, que sostiene el sector agropecuario, el organismo se hiciera cargo de las calles internas de la ciudad. “El Ente funcionaba bárbaro, y la tasa estaba afectada por él, y como pasa siempre manoteaban el presupuesto. Cuando asume el nuevo gobierno [de Rojas] desafectan la tasa”, señaló. De esta forma, comenzaron a realizarse tareas de mantenimiento de la red vial urbana y de las obras sanitarias de la ciudad con lo recaudado por este Ente.

A los productores les preocupaba el mayor costo de la tasa por ahora frenada. “Si se llegaba a tomar los índices retroactivos se iría a más de $10.000 en estos tres meses”, precisó. La sobretasa del 35% para la compra de maquinaria tendría que salir de rentas generales, según los ruralistas. “Si ya nos sacaban plata del presupuesto del Ente Vial, ahora nos van a sacar la mitad más ese 35%”, enumeró el dirigente.

Más allá de los números, en el sector alertaron que el municipio se queda con el 50% del presupuesto para rentas generales: no se usa todo lo recaudado de la tasa rural. El nuevo proyecto contemplaba que todas las tasas, tanto rurales como urbanas se ajusten por el índice UVA.

En esa región hay alrededor de 700 productores agropecuarios que estarían alcanzados por este gravamen en caso de que se apruebe el proyecto. En total, hay más de 400.000 hectáreas en todo el partido entre lo urbano y lo rural, donde se produce trigo, cebada, girasol, maíz y soja.

“El ajuste lo seguimos haciendo los privados y no el sector público. Seguimos los privados poniendo y ellos no hacen ningún tipo de ajuste de la organización municipal. Sabemos cómo se manejan con los gastos, la maquinaria y la desidia con que se maneja al personal. La tasa es un servicio, no es impuesto, es el pago por una prestación de servicio, pero como tenemos un desmanejo del presupuesto pasa esto…”, afirmó.

Pablo González, un productor local y abogado, señaló que “no hay ningún justificativo” para el aumento. “En realidad, en la tasa, toda la vida estuvo incluido el equipamiento. Cobrar un adicional por algo que ya está incluido dentro de la tasa no es legítimo. Al margen, el municipio no aplica a la conservación de los caminos todo el porcentaje que se recauda en concepto de tasaspor tanto, no es constitucional”, precisó. La decisión de aplicar otra tasa, dijo, es “una doble imposición”.

La preocupación se agudiza por la actualización que busca aplicar el Municipio por el índice UVA que se utiliza en otros sectores de la economía. El abogado estimó que este valor podría llegar a los $12.000, dependiendo si es retroactivo. “Esto contratasta con el partido de San Cayetano que tiene un mejor servicio y está cobrando $4500?, ejemplificó.

El Ente Vial se creó durante la gestión de Daniel Molina [2003-2007 y 2007-2011] con una cuenta afectada para tal fin. El Ente atendía todo el costo del servicio: inversión de maquinaria, repuestos, salarios, etc. “Cuando asume Rojas se desafecta la cuenta y se agregan prestaciones de servicio que no están incluidas en las tasas rurales, como mantenimiento de calles urbanas y obras sanitarias urbanas, sin agregarle fondos. Los servicios urbanos tendrían que tener un fondeo propio”, alertó.

“La asignación de recursos en perjuicio de lo recaudado tiene que tener una relación razonable. El año pasado, de lo recaudado para el servicio rural se aplicó apenas el 50%, eso es antijurídico. Se está cobrando de más para atender otras cuestiones y la tasa por naturaleza jurídica y punto de vista tributario es el pago de un servicio concreto. Esto está excediendo todos los límites. Es una barbaridad lo que se está haciendo”, extendió.

Según dijeron, en caso de avanzar el tributo solicitarían la impugnación ante la Justicia. Entre el monto de lo recaudado y lo utilizado como prestación de servicios coincidió que se utilizó alrededor del 50%.

“En lugar de hacer un recorte de los gastos de la casta, la variable de ajuste que hacen es el aumento de impuestos al campo. Es injusto. El ajuste lo hacen aumentando los ingresos con nuestros impuestos”, resumió.

Por Belkis Martinez para La Nación

 

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